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La principal y más asombrosa se encuentra en el documento firmado entre PP y Ciudadanos, donde se saca a colación la espinosa cuestión de los CTCs (los Costes de Transición a la Competencia), un sistema puesto en marcha en 1997 para compensar a las eléctricas por los posibles perjuicios derivados de la liberalización del sector y uno de los temas calientes de estos últimos años. El texto señala que “se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema”, lo que podría significar, en caso de que se demostrara, la vuelta de miles de millones de euros a las arcas del Estado.

Pero hay otros temas que ni se les ve ni se les esperan en el Acuerdo de Investidura, y que sí estaban incluidos en el Pacto de Gobierno. Es el caso de “la moratoria para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y la restricción a las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos” además del “cierre progresivo de lascentrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”.

También PSOE y Ciudadanos hacían alusión al futuro del carbón en España: “Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional…”. Un asunto del que no se ocupa el Acuerdo de Investidura actual.

Semejanzas entre Pactos

Las coincidencias, por otro lado, son muy oportunas. Todos los partidos políticos tienen muy claro que es necesario un Pacto de Estado por la Energía donde se busquen objetivos de seguridad jurídica, el fomento de la competencia o las interconexiones internacionales.

Así lo dicen Rajoy y Rivera: “Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales”.

Y así lo decían Sánchez y Rivera: “Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética”.

También todos los partidos tienen claro, y por primera vez, que el impuesto al sol ha sido un despropósito. Hasta el PP lo reconoce en el acuerdo con Cs: “Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como “impuesto al sol”) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios”.

Y aunque en el texto de febrero pasado no se aludía a su eliminación, se hablaba de reformar “el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado “impuesto al sol”, y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto”.

Ocurra lo que ocurra a partir de ahora a nivel político, parece que lo que va a cambiar es el modelo de autoconsumo existente en España.

Auditoría de costes

Se ha hablado mucho de ella pero no todos los partidos estaban de acuerdo en llevarla a cabo. Pues ya lo están. Rajoy ha cedido a la propuesta de Ciudadanos y en el documento se señala que “se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva […] de todos los costes del sistema”.

Energías renovables

Y por último, todos están de acuerdo en que España necesita una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Una política que apoye el desarrollo de las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El Acuerdo PP-Cs sostiene que hay que “aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050.”

Por su parte, el Pacto PSOE-Cs señalaba que había que “aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas”.

En definitiva, aunque el documento firmado entre Rajoy y Rivera no es muy amplio y no desarrolla en profundidad sus propuestas en clave energética, -a diferencia del Pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos-, sus vasos comunicantes dan pistas sobre el futuro de la política energética del país.